domingo, 2 de septiembre de 2012

Cómo impulsar el desfondamiento moral desde el gobierno

    Constatar que yo y mi circunstancia formamos una unidad indisoluble es una conquista filosófica que hay que situar en la cumbre del pensamiento humano. Según ello, el mundo en el que se vive depende del modo en el que cada cual se sitúa ante él; no hay un mundo único para todos, sino que, como dice Ortega, “cada ser posee su paisaje propio, en relación con el cual se comporta”. El mundo en general no existe, es una abstracción: sería hipotéticamente accesible sólo desde el punto de vista de un Dios que recogiese todos los puntos de vista particulares posibles. Las cosas no existen independientemente de mí, que las observo y valoro, y consiguientemente, dice también Ortega, “para responder a ¿qué son las cosas? tengo que preguntarme ¿qué soy yo?".


Por esta misma vía intelectual discurría Goethe cuando afirmaba que “cada cual escucha solamente lo que entiende”. Venía con ello a decir que la razón general, objetiva, es también una abstracción, y que sólo son operativos los razonamientos concretos que cada cual es capaz de realizar partiendo de su perspectiva sobre las cosas, es decir, que al elaborar los propios razonamientos sólo se tiene en cuenta el trozo de mundo que cada cual es capaz de percibir; lo que no cabe en el propio punto de vista, no se entiende, y aún más, no se atiende. Y a conclusiones parecidas, pero más dramáticas si cabe, llegaremos si nos adentramos en el terreno moral: el mundo en el que vivo es el correlato de mis propias exigencias morales, se agranda o empequeñece, se eleva o se degrada para adecuar su perímetro al perfil que delimita mi propio horizonte moral. Mi comportamiento será la proyección hacia afuera de aquello que mis principios me exigen, y tanto como ellos, me lo exige la sociedad según yo la entiendo; y los comportamientos de una sociedad serán la resultante de la ecuación que combina las particulares exigencias morales que a sí mismos se hacen sus individuos y que de igual manera les exige su sociedad según es entendida por ellos. La fuerza de un individuo y de una sociedad dependerá finalmente de aquello que se exigen; y correlativamente, como también dice Goethe, “en cuanto dejo de ser moral, pierdo todo poder”, en cuanto dejo de tener un suficiente nivel de exigencia sobre lo que debo hacer, en esa misma proporción baja el listón de aquello que me siento capaz de hacer y la altura en la que sitúo moralmente a mi sociedad.
Cuando en junio de 2003 el Gobierno que presidía José María Aznar, y del que era vicepresidente Mariano Rajoy, modificó el Código Penal y la Ley General Penitenciaria con el fin de endurecer el castigo de diversos delitos, especialmente los de terrorismo, estaba dando solidez a una determinada manera de entender las cosas y estaba dando expresión a unos concretos criterios morales, que si en algún punto se hacen patentes es en la forma que se tiene de enfrentarse al delito. Lo que una sociedad considera delito y la manera en que se enfrenta a él es la línea de demarcación más definitiva que existe entre lo que en esa sociedad se debe o no se debe hacer. El objetivo último de aquellas reformas era, ante todo, garantizar que quienes habían cometido unos delitos tan graves y que causan tanto daño social (y moral, sobre todo en el País Vasco) como los de terrorismo, habrían de cumplir íntegramente sus penas. En esa reforma quedaron modificados el artículo 90 del Código Penal y el 72 de la Ley General Penitenciaria, con el objeto de que en el caso de los etarras condenados no se pudiera conceder la libertad provisional o el tercer grado a menos que el preso cumpliese de modo inexcusable determinadas condiciones: que tenga un pronóstico favorable de reinserción social (lo que lógicamente se habría de traducir en la separación de la banda y el repudio de sus crímenes), la petición de perdón a las víctimas y el pago de la indemnización derivada de sus responsabilidades civiles, así como la colaboración con las autoridades en el fin del terrorismo. La altura del listón moral desde el que se realizaron aquellas reformas legales señalaba la imposibilidad de encontrar acuerdos entre los verdugos y las víctimas, salvo que aquellos cambiaran radicalmente su actitud.
Nueve años más tarde, otro gobierno presidido por el que entonces era vicepresidente, Mariano Rajoy, ha concedido el tercer grado (una forma de semilibertad), y abierto la vía a la excarcelación a Josu Uribetxeberria Bolinaga, condenado a más de doscientos años por dos secuestros, entre ellos el de José Antonio Ortega Lara, y el asesinato de tres guardias civiles. Ortega Lara estuvo 532 días secuestrado en un zulo de tres metros de largo que rezumaba humedad, con las paredes de madera abombadas por el agua, y refiriéndose a él dijo Bolinaga cuando, ya detenido, le preguntaron cómo se accedía al zulo de su secuestrado: “Que se muera de hambre ese carcelero”. Fue, pues, la tenacidad de la Guardia Civil la que en exclusiva permitió descubrir el complejo mecanismo que daba acceso al zulo. Por otro lado, a uno de los guardias civiles que asesinó Bolinaga, de menos de treinta años, le descerrajó sañudamente 18 tiros. Podríamos decir de él, por tanto, que con sus acciones ha demostrado comportarse como un auténtico terrorista vocacional.
 Uribetxberria Bolinaga es un miembro de ETA que ni se ha desvinculado de la banda ni ha cumplido ninguno de los otros requisitos exigidos por el Código Penal para acceder al tercer grado. La enfermedad del terrorista, a la que se ha aludido como justificación de la medida, fue valorada en un informe realizado en la prisión alavesa de Zaballa (Álava) en el que se propuso para él ese tercer grado penitenciario. El terrorista había sido trasladado desde un hospital penitenciario de León, en cuya cárcel se encontraba, hasta otro de San Sebastián para que aquí le realizasen las pruebas médicas pertinentes; como resulta evidente que esas pruebas se podían haber hecho igualmente en León, hay que deducir que hubo una clara voluntad política de realizar el traslado al País Vasco, de la cual, a la vista de lo que ha ido ocurriendo, es fácil deducir los motivos. Por otro lado, resulta también evidente que la presión que el ambiente proetarra puede ejercer sobre los médicos en San Sebastián es un dato a considerar y que queda resaltado por el contrainforme de la Clínica Forense de la Audiencia Nacional que ha contradicho a aquel otro en el sentido de que el enfermo “en la actualidad no se encuentra en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos”. Resulta significativo además que cerca de ochocientos presos hayan muerto en las cárceles españolas en circunstancias semejantes a las de Bolinaga en los últimos cinco años, y sin haber accedido al tercer grado, lo cual descalifica la opinión de los miembros del gobierno según los cuales éste, al concedérselo, ha obrado siguiendo los criterios marcados por la ley.
Entre el gobierno que en 2003 procuraba tomar las medidas adecuadas para que los terroristas cumplieran íntegramente sus penas y este otro que promueve de manera furtiva y vergonzante medidas de acercamiento de presos etarras al País Vasco y paulatinas excarcelaciones, hay una evidente diferencia de criterio moral. Y no para mejor, aunque se haya hecho referencia a motivos humanitarios para propiciar este tipo de medidas, puesto que en el contexto del conjunto de las tomadas, además de ésta, sobre la facilitación del acceso de ETA a las instituciones y de diversas formas de “inserción social” de integrantes de la banda que en ningún momento han repudiado su pasado delictivo, hay que deducir que detrás de ellas existen motivos políticos que se intentan ocultar a la opinión pública. También han cambiado los criterios morales en asuntos como el chivatazo a ETA de altos responsables de la policía en el bar Faisán de Irún, pues mientras que en la anterior legislatura se acosó desde la oposición repetidamente a Rubalcaba para que respondiera políticamente por aquel delito, en ésta, el caso Faisán parece haber pasado a mejor vida. Lo que en tiempos de Zapatero parecía indecente, incluso delictivo, a los ojos del PP, ha pasado a servir de pauta para la actuación de los actuales gobernantes de ese mismo partido.  
 “Al encontrar la realidad nos encontramos a nosotros mismos”, decía María Zambrano. La realidad actual, la que han ido construyendo nuestros políticos, ésta en la que la corrupción política y económica, el despilfarro en el gasto público combinado con el desorbitado acoso fiscal al contribuyente, los atentados a la unidad y estabilidad nacional y el cambio de la Ley de Partidos por estos otros acuerdos tácitos entre los partidos mayoritarios según los cuales el terrorismo etarra ha pasado a ser un interlocutor político, nos pone cara a cara con lo que colectivamente hemos pasado a ser: un país desesperanzado, moralmente desfondado y sin conciencia clara sobre la forma en que la ley delimita lo que es delito de lo que no. Un país que, asimismo, desconfía de sus gobernantes y que, en esa medida, corre el riesgo de desvertebrarse y abocarse al sálvese quien pueda. Si queremos, en fin, saber, como pueblo, cómo son las cosas que están ocurriendo, pongamos en práctica las instrucciones orteguianas y preguntémonos cómo somos nosotros y si seguimos incluyendo en ese “nosotros” a nuestros gobernantes o empezamos a exigirles que asuman una perspectiva sobre las cosas propia de un país moralmente maduro.