sábado, 16 de marzo de 2013

¿Puede el PSOE levantar la bandera de la igualdad?


(CONTESTACIÓN AL ARTÍCULO DE LUIS TUDANCA, DIRIGENTE DEL PSOE DE BURGOS, PUBLICADA EN EL CORREO DE BURGOS EL 19 DE MARZO DE 2013)

La igualdad ante la ley es una gran conquista de la civilización occidental. Gracias a ella, desde los tiempos de la Ilustración, en los cuales quedaron asentados los valores democráticos y se consolidó el estado de derecho, este principio de la igualdad jurídica supuso la supresión de los privilegios, de la discriminación positiva por ley, de modo que desde el siglo XIX, en los países democráticos, todos los habitantes de la nación han de estar, por ejemplo, sometidos a unos mismos criterios en cuanto a la distribución de cargas fiscales. En España, sin embargo, a causa del relativo fracaso de nuestras revoluciones liberales, hay todavía territorios discriminados positivamente en materia fiscal: la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, a través de sus respectivos conciertos económicos (y aspira a estarlo, a través de sus gobernantes nacionalistas, la Comunidad Autónoma de Cataluña). El único partido del arco parlamentario que, en este sentido, puede levantar la bandera de la igualdad es UPyD (y Ciudadanos en Cataluña); todos los demás, PP, PSOE, IU y, por descontado, los partidos nacionalistas, son partidarios de mantener esos privilegios feudales.

Gracias también a ese principio de igualdad ante la ley, desde los tiempos de la Ilustración quedaron asimismo superados en los emergentes códigos penales los delitos de autor, aquellos en los que un mismo delito era castigado de manera diferente según lo cometiera un noble o un villano. Algo que un régimen intrínsecamente reaccionario frente a los avances de la historia como el nacionalsocialista restauró cuando implantó el contra principio de que el mismo delito merecía penas diferentes según lo cometiera un ario o un judío. Entre nosotros, la ruptura de ese principio significaría, por ejemplo, que un mismo delito de tráfico de influencias fuera castigado de diferente manera (o tal vez no llegara si quiera a castigarse; o se indultase) según lo cometiera un político, la hija del Rey o un ciudadano de a pie.
 

Gracias a esa aspiración a la igualdad, en UPyD podemos compartir trinchera con D. Luis Tudanca, Secretario General del PSOE y diputado por Burgos, en asuntos como los de la aspiración a la igualdad de trato laboral entre hombres y mujeres o en la persecución de la violencia que yo prefiero denominar doméstica, a lo cual se refería en el artículo que, en buena medida como contestación a otro mío anterior, publicó en estas mismas páginas el pasado jueves, 7 de marzo, y que tituló: “¿Son tolerables las declaraciones de UPyD contra la igualdad?”.

Aclararé antes de nada que, aunque pertenezco al Consejo Local de UPyD de Burgos, le contesto en mi propio nombre; somos un partido transversal, en el que nos juntamos personas diversas, unidas por el perentorio propósito de trabajar por la regeneración política de nuestro país, la recuperación de una idea de nación común a todos los españoles y la separación de poderes, pero que podemos tener ideas diferentes en otros asuntos.

Dejamos de compartir trinchera PSOE y UPyD, precisamente, cuando aquel se declara partidario de romper la igualdad ante la ley, lo que hace que yo le devuelva la pregunta al Sr. Tudanca, en la medida en que él se muestra partidario de la actual Ley Integral contra la Violencia de Género, en la cual el mismo delito se castiga de forma diferente si lo comete un hombre o una mujer, y que suprime el elemental principio del estado de derecho según el cual todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario; a partir de esta ley, el mero testimonio de la mujer puede llevar a un hombre a la cárcel. Evidentemente, muchas de las denuncias de maltrato están, sin duda, más que justificadas. Pero estos datos que proporciona el Consejo General del Poder Judicial merecen atención: según esta institución, en 2011 se hicieron 134.000 denuncias (367 denuncias diarias) por “violencia de género”. De esas denuncias, 52.294 derivaron en sentencias penales (el 40%). De ellas fueron condenatorias el 60% (31.403) y el 40% absolutorias (20.891). Es decir, que en sólo el 23,43 % de las denuncias el acusado es declarado culpable (en base, quizás, al testimonio único de la mujer, si el hombre no consigue demostrar su inocencia). O sea, que hay 244 hombres no-culpables que cada día son denunciados. Aun declarado no-culpable, el divorcio de esos hombres pasa a tramitarse desde el juzgado especial de violencia “de género”, en lugar del normal, lo que conlleva una inferioridad adicional a los ya de por sí sesgados divorcios en favor de la mujer (90% de custodias a su favor).

¿Todos aquellos casos en los que no se condena al hombre acusado merecen que siga viva nuestra sospecha de que “algo habrá hecho”? ¿Todos se deben a que no se pudo probar su culpabilidad? ¿O es legítimo pensar que muchos de ellos se deben a denuncia falsa, no sólo el 0,009 por ciento al que alude el Sr. Tudanca? Porque si los miles de personas hoy movilizadas contra esta ley (no hay más que visitar las páginas de internet en que imploran atención) tuvieran alguna razón, el daño que esta ley estaría haciendo sería tremendo. ¿Es razonable que en los 7 años de vigencia de la ley hayan sido ya acusados de maltrato el 5% de los hombres españoles mayores de 18 años?

Quienes realmente aspiramos a la igualdad ante la ley, queremos que esta vaya contra las conductas, no contra las personas; no castigue a los hombres por el hecho de ser hombres, sino a los delincuentes por el hecho de ser delincuentes. Que si hay agravantes, como el del abuso de la fuerza física, este, de acuerdo con los más elementales principios del estado de derecho, quede vinculado a los comportamientos no a los sexos. Que la desventaja de los colectivos sociales desfavorecidos (por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, según dice la Constitución) no se pretenda arreglar con leyes que discriminen positivamente a cada uno de ellos, sino partiendo del principio de que todos somos iguales ante la ley. Y que ha de haber una misma ley para todos.

Javier Martínez Gracia, del Consejo Local de UPyD de Burgos


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