domingo, 28 de junio de 2015

Podemos y otros (no tan nuevos) extremismos

     Los síntomas principales a través de los cuales una sociedad demuestra su estabilidad, que podríamos hacer equivalente a la coexistencia pacífica entre los individuos y el estado, es el respeto al principio de legalidad, la confianza en las instituciones, la consideración hacia las normas culturales, y una idea suficientemente implantada en los individuos de arraigo y pertenencia a su comunidad. Cuando esto no es así, es que la sociedad ha entrado en crisis.

     La civilización occidental ha atravesado varias crisis de gran envergadura a lo largo de su historia, que han respondido a pautas que son comunes a todas ellas. La primera gran crisis tuvo lugar en el mundo antiguo. La retracción hacia lo particular y correlativa desconfianza hacia lo público coincidió con la aparición de las filosofías escépticas y cínicas, y más tarde, en una etapa de reactivación o recrudecimiento de aquella crisis, del cristianismo. En tales ocasiones, como dice Ortega y Gasset, “desde las alturas de la sociedad se ve pulular en sus capas profundas una muchedumbre de hombres extraños, vestidos de sayal burdo, con una estaca en la mano y un morral al hombro, que reúnen a la gente popular y gritan delante de ella (…) Esos propagandistas demagógicos son filósofos cínicos o semiestoicos (y más tarde se añade) una casta nueva: los proselitistas cristianos. Todos ellos coinciden en el radicalismo de sus discursos: van contra la riqueza de los ricos, el orgullo de los poderosos; van contra los sabios, contra la cultura constituida, contra las complicaciones de todo orden. Según ellos, quien tiene más razón, quien vale más, es precisamente el que no tiene nada, el sencillo, el pobre, el humilde, el profano”. El mismísimo San Pablo dejó establecida la pauta del comportamiento contracultural que caracteriza los tiempos de crisis cuando clamó diciendo “Porque escrito está: Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la prudencia de los prudentes”.


     El individuo, pues, reacciona contra una sociedad y una cultura en las que ha dejado de creer, seguramente que por motivos sustanciales. Pero esa reacción se convierte fácilmente en extremismo, en tendencia a poner patas arriba todo lo que hasta entonces había valido, en desestabilización social y, finalmente, en desprecio de la ley y en violencia. Tal como dice Ortega, en estas oleadas contraculturales y anti-institucionales que recurrentemente acontecen en la historia y “por una propensión mecánicamente dialéctica de la mente humana, cuando se desespera de una forma de vida, la primera solución que se ocurre, la más obvia, la más simple, es volver del revés todas las valoraciones. Si la riqueza no da la felicidad, la dará la pobreza, si la sabiduría no resuelve todo, entonces el verdadero saber será la ignorancia (…) Si la ley y la institución no nos hacen felices, esperemos todo de la iniuria y la violencia”. Y sigue aún nuestro filósofo explicando las vías por las que tienden a discurrir y degenerar las situaciones de crisis: “Fácilmente toda ‘reacción a’ se convierte en ‘reacción contra’, que va movida por feas pasiones, por la envidia, el odio, el resentimiento. Diógenes el cínico, antes de entrar en la elegante mansión de Aristipo, su compañero de escuela bajo Sócrates, se ensucia los pies en barro concienzudamente para patear luego los tapices de Aristipo. Aquí no se trata de sustituir la complicación del tapiz por la sencillez del barro, sino de destruir el tapiz por odio a él”. Los hombres se vuelven extremistas, irracionales. “Es esencial al extremismo la sinrazón. Querer ser razonable es ya renunciar al extremismo”.

     En España, ha asomado ya con fuerza evidente la cuota de extremismos que nos tocaba en la crisis por la que atravesamos. Puesto que esos extremismos no son todavía suficientemente prevalentes, los síntomas a través de los cuales se manifiestan pueden parecer todavía marginales o anecdóticos. No hay tal: son emergencias o erupciones que brotan del caldo de cultivo en el que se va convirtiendo la sociedad, o al menos los estratos sociales que va ganando el extremismo. Recojamos de la prensa alguna de las formas en que se manifiesta el hecho de que el extremismo, es decir, la propensión hacia la quiebra del principio de legalidad, hacia el cambio revolucionario de las instituciones, el revanchismo, el odio, y la sinrazón, van constituyendo un magma hirviente del que tales manifestaciones son erupciones significativas y que vienen a anunciar por dónde irían las cosas si seguimos por ese camino:

     La policía detuvo la tarde del 16 de junio, junto a la parroquia de San Carlos Borromeo (“la iglesia roja”) en Entrevías, en Madrid, a Alfonso Fernández Ortega, conocido por Pablo Iglesias y por sus amigos como Alfon, un delincuente con antecedentes juveniles por robo con violencia, agresión sexual y tráfico de drogas. Esta vez el individuo en cuestión había sido condenado a cuatro años de prisión por portar explosivos durante una huelga general en 2012, sentencia que acababa de confirmar el Tribunal Supremo, al considerar que la bomba que llevaba en la jornada de huelga general convocada por los sindicatos, el 14 de noviembre de 2012, era "especialmente peligrosa", puesto que llevaba incorporados "gases extremadamente inflamables" y contenía tornillos a modo de metralla "susceptibles de causar daños a la personas". A raíz de la decisión del Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su detención e ingreso en prisión para cumplir la pena impuesta. Con tal motivo, cerca de 500 personas se concentraron junto a Alfonso F.O. poco antes de la detención para formar un "muro" que aislara al detenido ante la actuación policial, adoptando las formas del entorno de ETA en el País Vasco para dificultar los arrestos. Los policías fueron abucheados e increpados con gritos como: “Vergüenza me daría ser policía” y “policías asesinos”. Sectores de extrema izquierda pusieron el grito en el cielo por la sentencia. Concretamente, IU, BNG, Amaiur, ERC, Compromís y Geroa-Bai. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, calificó en Twitter de "injusto" el arresto del condenado por tenencia de explosivos.

     Otra noticia de prensa ha desvelado que en 1992, año en que ETA mató a 26 personas, Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid y entonces Jueza de Vigilancia Penitenciaria, excarceló a un peligroso etarra, José Manuel Azcárate, y a dos miembros de los GRAPO, José Ignacio Cuadra –condenado a 72 años por varios delitos de terrorismo– y Mercedes Herranz –detenida en 1982 tras asesinar con una bomba a un chatarrero, y que volvió a ser detenida después de que Carmena la sacara de prisión–, aduciendo que sufrían enfermedades incurables. En junio de aquel mismo año, Carmena concedió el tercer grado penitenciario a José Manuel Azcárate, un terrorista que había sido condenado a 57 años de prisión, entre otros delitos, por el secuestro del directivo del Athlétic de Bilbao Juan Pedro Guzmán. Decía Carmena para justificar su decisión que padecía varices esofágicas crónicas que le provocaban de forma regular hemorragias internas. No destacaba, sin embargo, que esa enfermedad crónica la padecía desde los 14 años sin que esto le impidiera emprender una carrera criminal en las filas de ETA. Además, y para escarnio de las víctimas, sólo unos días después de salir de prisión, el terrorista compareció en rueda de prensa para proclamar que no se arrepentía de sus crímenes. Incluso reconoció que se le había ofrecido acogerse a las medidas de reinserción y las había rechazado. Fueron, todas estas, decisiones muy polémicas y que provocaron un fuerte enfado del entonces ministro de Justicia del PSOE, Tomás de la Cuadra Salcedo, quien pidió modificar la Ley para que las eventuales excarcelaciones de terroristas dependieran del Ejecutivo.

     En 2013, en un debate sobre política penitenciaria que tuvo lugar en el programa Fort Apache, que dirige Pablo Iglesias en Hispan TV, la actual alcaldesa de Madrid opinó que el 94% de los reclusos actuales deberían salir en libertad. Curiosamente, excluía a los que hubieran realizado delitos violentos, respecto de los que, sin embargo, había demostrado tener también, como se ha visto, una actitud digamos que relajada.

     Según otra reciente noticia, diversas mujeres con acreditada influencia en la opinión pública, entre otras, Maruja Torres, Pilar Bardem, Ada Colau, Cristina Almeida, Ángeles Caso, Belén Gopegui, Pilar Manjón… han firmado un manifiesto en apoyo a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Rita Maestre, en el que han querido respaldarla "tras la campaña de acusaciones vertidas contra ella por políticos y medios de comunicación por su participación en una “protesta pacífica” contra la presencia de capillas cristianas en la universidad pública que tuvo lugar hace cuatro años, cuando ella era estudiante en la Complutense". Por parte de Podemos han estampado su firma en el manifiesto todos los portavoces estatales, entre los que están Pablo Iglesias, Carolina Bescansa, Íñigo Errejón o Sergio Pascual.

 
     Los hechos, que han sido objeto de procedimiento penal instado por el Ministerio Fiscal, se juzgarán próximamente en el Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid. El Ministerio Fiscal solicita para Maestre y Héctor Maleiro –este último figuraba en la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid–, un año de prisión por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, conforme al escrito de acusación. Según el escrito, los procesados entraron sobre las 13.30 horas de ese día en la capilla del campus de Somosaguas y en presencia del capellán y varios estudiantes que se encontraban rezando, invadieron el espacio dedicado al altar. Los acusados portaban imágenes del Papa con una cruz esvástica y leyeron distintos pasajes de la Biblia, así como diversas citas de Santos y Obispos. Tras ello, Rita Maestre y otras mujeres, unas treinta, no identificadas, se desnudaron de cintura para arriba. Posteriormente, abandonaron la capilla profiriendo varias frases como “Vamos a quemar la Conferencia Episcopal” y  "Arderéis como en el 36".
 
 

     El caso es que el Ministerio Fiscal no imputa a Rita Maestre, como dan a entender todos los personajes que se han solidarizado con ella, por pedir la laicidad y que desaparezcan los lugares de culto en los edificios públicos (muchos habríamos suscrito tales peticiones), sino por un delito tipificado en el Código Penal, artículo 521.1: el de ofensa a los sentimientos religiosos. Obviar esto es ignorar el principio de legalidad y, a fin de cuentas, el estado de derecho, algo a lo que evidentemente están acostumbrados nuestros extremistas y que no parece significar gran cosa para ellos. De forma semejante, tampoco, en su particular sistema de valoraciones, significa atentar contra la libertad de expresión el hecho de haber participado, como asimismo hizo Rita Maestre, en el escrache a Rosa Díez junto a Pablo Iglesias y Errejón, el 21 de octubre de 2010 en la Universidad Complutense de Madrid, en el que se impidió a la diputada y dirigente de UPyD dar una conferencia. Por el contrario, para ellos parece ser una manera de ejercitar la libertad de expresión: la suya exclusiva y excluyentemente. Como dice Pablo Iglesias (ver en el YouTube adjunto): "La palabra democracia mola. La palabra dictadura no, aunque nosotros sabemos que no hay mayor democracia que la dictadura del proletariado". Estos peculiares presupuestos políticos, ideológicos y expresamente antijurídicos son, evidentemente, los que aspirarían a implantar en toda la sociedad si triunfaran en las próximas elecciones.

      Por otro lado, en una entrevista concedida a El País, la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respondiendo a la pregunta de qué haría si el sistema judicial impugna la convocatoria de referéndum para la independencia de Cataluña, afirmó: “Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen”. Es decir, que propone sustituir el principio de legalidad por el arbitrario sentido de la justicia que cada cual, con el poder preciso para imponerlo, pueda tener.

     Y en fin, una última noticia de estas últimas jornadas post-electorales nos anuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la imputación del concejal madrileño de Podemos, Guillermo Zapata, por humillar a las víctimas de ETA a través de los tweets que hizo públicos en internet. En el informe, la fiscal Blanca Rodríguez considera que sus tuits generaron "descrédito, menosprecio, humillación" a las víctimas del terrorismo de ETA. En el informe, la fiscal repasa algunos de los comentarios vejatorios que el concejal de Podemos profirió a las víctimas en los citados tweets, en los que hacia comentarios del estilo de: “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene Villa a por repuestos" o "¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero". Este último tweet venía seguido de otro en el que este eximio concejal preguntaba por qué necesitaba Israel tanto espacio si en ceniza ocuparía tan poco. Algo bastante parecido a lo que solo se atreverían a opinar los más exasperados de entre los militantes del Estado Islámico. Los hechos que han dado lugar a la imputación por parte de la fiscalía estarían tipificados como delito en el artículo 578 del Código Penal, que señala claramente que todo acto que entrañe "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años". Sin embargo, acostumbrados como están nuestros extremistas a la impunidad (no sin motivo), han entendido que las reacciones de indignación que han producido los comentarios del concejal (que, según ellos, solo eran chistes, no expresiones de lo que realmente piensa el personaje) no pueden responder a sentimientos genuinos, sino que obedecen a una campaña orquestada por oscuras fuerzas reaccionarias. Consecuentemente, el conjunto de nuestros extremistas se han lanzado en tromba contra el indignante ataque sufrido, no por las víctimas y sus familias, sino, según ellos, por el concejal.
     Los más importantes extremismos de nuestro tiempo han sido el fascismo, el nazismo, el comunismo y el islamismo. Los dos primeros han sido prácticamente borrados después de la culminación del fracaso que para ellos significó el resultado de la Segunda Guerra Mundial. El islamismo podemos considerarlo en cierto sentido como un extremismo importado. Así que nos queda todavía como extremismo propio y genuino el del comunismo. Como todos los demás, este extremismo está caracterizado por una esencial irracionalidad que se muestra de dos formas fundamentales: muchos de sus militantes más politizados son inasequibles a la argumentación racional, que sustituyen por tópicos y automatismos mentales pétreos, y, además, es este un extremismo incapaz de confrontarse con la evidencia de que los países que han sido gobernados por regímenes comunistas han acabado en algo más que un fracaso social, político y económico estruendoso: el rastro de víctimas y las secuelas del desbarajuste sociológico que crearon sigue actuando sobre las generaciones futuras. Pues bien: ese extremismo goza en nuestro país de un crédito, al parecer, creciente. Sus ideas sobre el principio de legalidad, la libertad de expresión, el tratamiento de los que disientan de su forma de entender las cosas y el desastre territorial al que nos llevaría su cada vez más explícita idea sobre lo que es España y su indisimulada simpatía hacia toda clase de nacionalismos centrífugos son, entre otras, amenazas que solo una conciencia cívica negligente se atrevería a considerar vanas o de imposible realización. Tal vez, el mayor peligro estribe en que esa descuidada conciencia esté impidiendo ver el cariz de lo que puede echársenos encima.